Nuestra Firma de Abogados, atiende
casos Criminales, para procesar a personas responsables de Genocidio u otros
Crímenes de Gravedad, ante la Corte Penal Internacional.
CORTE PENAL INTERNACIONAL
Antecedentes
En 1948 las
Naciones Unidas consideraron por primera vez la posibilidad de establecer una
corte internacional, permanente para enjuiciar el genocidio, los crímenes de
lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. En la resolución 260
(III) del 9 de diciembre de ese año, la Asamblea General afirmó que "en
todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a
la humanidad" y está "convencida de que para liberar a la humanidad
de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional". Debido
a esto se adoptó la "Convención sobre la Prevención y Sanción del delito
de Genocidio". El artículo I de dicha Convención afirma que el genocidio
cometido en tiempo de paz o de guerra, es un delito de derecho internacional
que las partes contratantes se comprometen a prevenir y sancionar. Asimismo, el
artículo VI dicta que las personas acusadas de genocidio o actos relacionados,
serán juzgadas por un tribunal del Estado en cuyo territorio el acto fue
cometido o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a
aquellas de las partes que hayan reconocido su jurisdicción.
Siguiendo la
conclusión de la Comisión de que el establecimiento de una corte internacional
para procesar a personas responsables de genocidio u otros crímenes de gravedad
similar era deseable y posible, la Asamblea General estableció un comité para
preparar propuestas para el establecimiento de semejante corte. El comité
preparó un estatuto del proyecto en 1951 y un estatuto del proyecto revisado en
1953. Sin embargo, Asamblea General decidió posponer la consideración del
estatuto del proyecto pendiente la adopción de una definición de agresión. Posteriormente se siguió tomando en cuenta de forma periódica la posibilidad de establecer una corte penal internacional, hasta que en 1992 la Asamblea General solicitó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de un proyecto de estatuto de una corte penal internacional.
En 1993, tuvieron lugar crímenes de lesa humanidad y de genocidio en Yugoslavia, por lo que se estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
Brevemente después de esto, la Comisión completó su trabajo en el proyecto del estatuto para una corte penal internacional y en 1994 se sometió a la Asamblea General. La Asamblea General estableció el Comité ad hoc para el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
En la 52 Sesión, la
Asamblea General decidió convocar a una Conferencia de Plenipotenciarios para
el establecimiento de una Corte Penal Internacional. En Roma, Italia, del 15 de
junio al 17 julio de 1998, para finalizar y adoptar una convención en el establecimiento
de una corte penal internacional.
El "Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional", fue adoptado el 17 de julio de
1998 por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, para ser abierto
inmediatamente a firma.El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002, de acuerdo a su artículo 126.
La importancia del establecimiento de
una Corte Penal Internacional
Es necesario
perseguir y castigar a los responsables de los crímenes como el genocidio ya
que la Corte Internacional de Justicia solo se ocupa de casos entre Estados sin
enjuiciar a individuos. Sin una corte penal internacional que trate la
responsabilidad individual en los actos de genocidio y las violaciones graves
de derechos humanos, estos delitos quedan a menudo impunes. En los últimos 50
años, ha habido muchos casos de crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra en los que ningún individuo ha sido castigado. En Camboya, Mozambique,
Liberia, El Salvador, Argelia, la región de los Grandes Lagos de Africa y otros
países.El establecimiento de un tribunal permanente para castigar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio es importante porque evita los retrasos inherentes de preparar un tribunal ad hoc que pueden ser aprovechado por los criminales para escapar o desaparecer; los testigos pueden ser intimidados o las condiciones políticas y sociales pueden empeorar, además de que las investigaciones se encarecen.
Los tribunales ad hoc están sujetos a los límites de tiempo o lugar. En el último año, se han asesinado los miles de refugiados del conflicto étnico en Rwanda, pero el mandato de ese Tribunal se limita a los eventos que ocurrieron en 1994. Los crímenes que sucedieron después de esa fecha ya no entran en la jurisdicción de estos tribunales.
La Corte Penal Internacional también puede actuar cuando las instituciones nacionales de justicia son involuntarias o incapaces de actuar. Además puede prevenir la comisión de crímenes de lesa humanidad deteniendo a delincuentes de guerra futuros.
Órganos de la Corte
La Corte Penal Internacional se encuentra
formada por cuatro órganos principalesa) La presidencia. Está compuesta por el Presidente, el primer y el Segundo Vicepresidentes, quienes son electos por mayoría absoluta de los jueces por un término renovable de tres años.
La presidencia es responsable por la administración de la propia Corte, con excepción de la Oficina del Fiscal, aunque la presidencia coordinará y observará la concurrencia del Fiscal en todos los asuntos de mutuo interés.
b) Las Cámaras. Existen tres divisiones en la corte:
• División de Apelaciones
• División de Juicio
• División de Pre-juicio
Cada División es responsable por llevar a cabo las funciones judiciales de la Corte. La División de Apelaciones se compone por el Presidente y otros cuatro jueces, mientras que la Dimisión de Juicio y la de Pre-juicio cuentan con no menos de seis jueces cada una. Estas dos últimas Divisiones se componen predominantemente de jueces con experiencia en juicios criminales. Los jueces son asignados a estas divisiones por un período de tres años y hasta el final de cualquier caso cuya audiencia haya comenzado.
c) La Oficina del Fiscal. El mandato de esta Oficina es conducir las investigaciones y persecución de crímenes que caen dentro de la jurisdicción de la Corte (crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, en un período posterior, y una vez que los Estados hayan acordado una definición para el crimen de agresión, la Oficina podrá investigar y perseguir este crimen). A través de las investigaciones y la persecución de tales crímenes, la Oficina contribuirá a terminar con la impunidad para los perpetradoras de los más serios crímenes de interés para la comunidad internacional en su conjunto, y así contribuirá a la prevención de tales crímenes.
d) La Secretaría. La Secretaría es el órgano responsable de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de prestarle servicios (traducción, finanzas, personal y demás servicios exclusivos para una Corte internacional). La Secretaría es dirigida por un Secretario elegido por los jueces por un período de 5 años y que ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte. Un Secretario Adjunto podrá ser elegido para servir si es requerido.
El Secretario también es responsable de establecer una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Jueces
La Corte está
integrada por 18 Jueces que son elegidos a partir de dos listas:• Lista A: Consiste en candidatos con gran competencia en derecho penal y procesal, así como la experiencia necesaria como juez, fiscal, abogado u otra labor similar en procesos criminales
• Lista B: Consiste en candidatos con gran competencia en áreas de derecho internacional, tales como derecho humanitario internacional y la codificación de los derechos humanos, así como una extensa experiencia legal profesional que sea de relevancia para el trabajo judicial de la Corte
Situación de firmas y ratificaciones
del Estatuto
Hasta el 14 de
julio de 2003, 91 han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. De estos 22 pertenecen a Africa, 22 a Europa (países que no
pertenecen a la Unión Europea), 18 de América Latina, 15 de países
pertenecientes a la Unión Europea, 12 de Asia y el Pacífico, 1 de América del
Norte y 1 de oriente Medio. De acuerdo al artículo 126 del Estatuto de Roma, la
Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002.
Miembros
La Corte está
integrada por quince magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo
de Seguridad en votaciones independientes, de acuerdo a sus méritos y no su
nacionalidad. Se procura que estén representados en la Corte los principales
sistemas jurídicos del mundo. No puede haber dos magistrados del mismo país.
Tienen mandato de nueve años con posibilidad de reelección y no se pueden
dedicar a ninguna otra ocupación mientras dure su mandato.
Funciones y poderes
Pueden recurrir a
la Corte todos los Estados Partes en su Estatuto, incluyendo a todos los
Miembros de las Naciones Unidas. Estados como Suiza, que no son Miembros de las
Naciones Unidas, también pueden llegar a ser parte del Estatuto y por lo tanto
recurrir a la Corte. Los particulares no pueden recurrir a la misma.La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. También los demás órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados pueden solicitar, con autorización de la Asamblea, opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas al ámbito de sus actividades.
La Corte tiene jurisdicción en todas las cuestiones que los Estados le sometan con relación a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Los Estados pueden comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte, por medio de tratados o convenios que suscriban o bien declaraciones especiales que excluyan cierto tipo de casos.
La Corte decide la resolución de
controversias en base a:
• Las convenciones internacionales que
establecen reglas reconocidas por los Estados litigantes;• La costumbre internacional o jurisprudencia como prueba de práctica general aceptada por la ley;
• Los principios jurídicos generales reconocidos por las naciones;
• Las decisiones judiciales y las enseñanzas de los estudiosos más calificados de distintos países.
Desde su establecimiento en 1946, la Corte ha tratado 119 casos que los Estados le han sometido, y las organizaciones le han solicitado 23 opiniones consultivas. Los casos han tratado disputas internacionales relacionadas con derechos económicos, derechos de paso, la proscripción del uso de la fuerza, relaciones diplomáticas, toma de rehenes, derecho de asilo y nacionalidad.
Sesiones
Por lo común, la Corte celebra sesiones plenarias, pero también puede constituir unidades más pequeñas o "salas", a solicitud de las partes. Las sentencias dictadas por las salas se consideran dictadas por la Corte en pleno. La Corte tiene también una Sala de Asuntos Ambientales y constituye todos los años una Sala de Procedimientos Sumarios.
TRIBUNALES INTERNACIONAL
Fue establecido en 1993 en virtud de la resolución 827 del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993, para perseguir a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en la ex Yugoslavia desde 1991.
La misión de este Tribunal es:
• Juzgar a los presuntos responsables de violaciones del derecho humanitario internacional
• Procurar justicia a las víctimas
• Evitar crímenes futuros
• Contribuir a la restauración de la paz promoviendo la reconciliación en la ex Yugoslavia
Así, los delitos que persigue y trata este Tribunal son:
• Graves violaciones a las Convenciones de Ginebra de 1949
• Violaciones al derecho o costumbre internacionales de guerra
• Genocidio
• Crímenes contra la humanidad
La jurisdicción del Tribunal se limita a los crímenes mencionados que hayan sido cometidos desde 1991 en el territorio de la ex Yugoslavia. Asimismo, su jurisdicción se aplica sólo a personas y no a organizaciones, partidos políticos, entidades administrativas u otras entidades legales.
stá integrado por 16 jueces permanentes y un máximo de nueve jueces ad litem a la vez por cámara. Los jueces son elegidos por la Asamblea General y los permanentes cubren un período de cuatro años con posibilidad de relección.
Además cuenta con una cantidad de funcionarios que llegó en septiembre de 2001 a 1188 personas de 77 países y un presupuesto que en el 2001 alcanzó los 96,443,900 dlls.
Desde que fue creado, el Tribunal ha juzgado públicamente a 80 personas al 21 de diciembre de 2001 comparecían 49 personas ante el tribunal, 46 detenidas y el resto en libertad provisional, 43 estaban acusadas y detenidas en la Unidad de Detenciones y 10 arrestados por fuerzas policiacas nacionales.
Sede: Churchillpein 1,2517 JW, La Haya, Países Bajos
Tel: (31 70) 416 5233; Fax: (31 70) 512 5535
Internet: www.un.org/icty (disponible solo en inglés).
Tribunal Penal Internacional para
Rwanda
Fue establecido por
la resolución 955 del Consejo de Seguridad, de 8 de noviembre de 1994, con el
fin de enjuiciar a los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones
graves al derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de
Rwanda y en Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.El Tribunal está compuesto por tres órganos:
• Cámara y Cámara de Apelaciones
• Oficina del Fiscal
• Registro
Su jurisdicción es la siguiente:
Genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones al artículo tres de las Convenciones de Ginebra y del Protocolo II Adicional a dichas Convenciones, cometidos entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994, por Rwandeses en territorio de Rwanda y Estados vecinos, así como dichos crímenes cometidos por no Rwandeses en Rwanda.
El presupuesto para
el Tribunal ascendió en el 2000 a 79,753,900 dólares y 810 puestos de 80
nacionalidades
Sede: P.O. Box
6016, Arusha, TanzaniaTel: (212) 963 2580 ó (255) 27 50 43 69/72
Fax: (212) 963 2848 ó (255) 27 50 40 00 ó 50 43 73
Internet: www.ictr.org (disponible solo en inglés).
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Si Usted o algún familiar, consideran que han sido violados sus Derechos para procesar a personas responsables de genocidio u otros crímenes de gravedad y no encuentra una forma eficaz o efectiva para restituirlos y/o resarcirlos, Usted puede acudir a nuestra Firma de Abogados, Islas Colin Attorneys Mexico City, a recibir una consulta para ayudar sobre su caso.
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PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL
El derecho penal internacional es la rama del derecho por la cual se prohíben ciertas categorías de conducta consideradas
delitos graves; se regulan procedimientos para la investigación, el enjuiciamiento y el castigo por esas categorías de conducta,
y se considera que una persona que perpetre uno de esos delitos será responsable personalmente. Para hacer respetar el
derecho internacional humanitario, es fundamental reprimir las violaciones graves de esta rama del derecho, especialmente si
se tiene en cuenta la gravedad de algunas violaciones, consideradas crímenes de guerra, cuyo castigo redunda en interés de
la comunidad internacional en su conjunto. Dado que los crímenes internacionales incluyen cada vez más elementos
extraterritoriales, los cuales exigen una mayor interacción entre Estados, es más urgente coordinar el respeto de esos
principios. Los Estados deben acatar tanto los principios internacionales como los principios nacionales previstos en el
respectivo derecho penal interno y los principios específicos contenidos en los instrumentos regionales en los que son Partes.
Bases de la jurisdicción.
Un Estado ejerce su jurisdicción en
el interior de su propio territorio. La
jurisdicción conlleva el poder de
promulgar normas, interpretarlas o
aplicarlas e intervenir para hacerlas
cumplir. Si bien la aplicación de la
jurisdicción coercitiva se limita
generalmente al territorio nacional, en
derecho internacional se admite que, en
determinadas circunstancias, un Estado
puede extender el ámbito de aplicación
del derecho nacional respecto de
sucesos que se producen fuera de su
territorio (jurisdicción extraterritorial) o
juzgarlos.
Se reconocen varios principios que
autorizan la «jurisdicción extraterritorial»,
entre los cuales:
· El principio de la nacionalidad o el
principio de personalidad activa (actos
cometidos por personas que tienen la
nacionalidad del Estado en cuestión);
· El principio de personalidad pasiva
(actos perpetrados contra nacionales
del Estado en cuestión), o
· El principio de protección (actos que
afectan a la seguridad del Estado).
Mientras que estos principios requieren
que haya algún tipo de vínculo entre el acto cometido y el Estado que ejerce
jurisdicción, no ocurre lo mismo con el
principio de universalidad, otro principio
que justifica la jurisdicción extraterritorial.
La jurisdicción universal establece la
competencia para conocer de crímenes,
independientemente del lugar en que se
hayan cometido y de la nacionalidad del
autor o de la víctima. Se considera que
la jurisdicción universal se aplica a los
principales crímenes internacionales,
concretamente, los crímenes de guerra,
los crímenes de lesa humanidad y el
genocidio, cuya represión por parte de
todos los Estados está justificada o es
una exigencia por ser una cuestión de
política pública internacional y de
algunos tratados internacionales. 1.
Prescripción.
La prescripción de una acción penal en
el caso de un delito, puede relacionarse
con uno de dos aspectos del
procedimiento legal.
· La prescripción puede aplicarse al
enjuiciamiento: si ha pasado un lapso
determinado desde el momento en que se cometió el delito, esto
significa que no puede
emprenderse ninguna acción pública
y que no puede pronunciarse un
veredicto.
· La prescripción puede aplicarse solo
a la ejecución de la sentencia misma:
en este caso, el hecho de que haya
pasado un lapso determinado
significa que no puede aplicarse la
pena.
En la mayoría de los regímenes
penales se estipula la prescripción en
relación con los delitos menores. Pero
para los delitos graves, varios sistemas
jurídicos, en especial los que se basan
en el common law, no admiten una
prescripción para el enjuiciamiento. Las
legislaciones en donde existe el
derecho civil disponen lapsos de
prescripción mucho más largos para los
delitos graves que para los delitos
menores, o excluye por completo la
aplicación de prescripciones para ese
tipo de delitos.
La prescripción de las penas es menos
frecuente. No existe en absoluto en el
common law, y es muy restringida en
los otros sistemas. En los casos en que
existe, el lapso de prescripción es por lo
general muy largo para los delitos más
graves y no se aplican a algunos tipos de delitos o en casos en que están
implicados delincuentes peligrosos o
reincidentes.
La imprescriptibilidad de algunos
crímenes en el derecho internacional.
En los Convenios de Ginebra de 1949 y
en sus Protocolos adicionales de 1977
no hay disposiciones relativas a la
prescripción de los crímenes de guerra.
La Convención de las Naciones Unidas
sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad se aplica tanto al
enjuiciamiento como a la ejecución de
sentencias, y cubre los crímenes de
guerra –especialmente las infracciones
graves de los Convenios de Ginebra– y
los crímenes de lesa humanidad –que
incluyen el apartheid y el genocidio–,
perpetrados tanto en tiempo de guerra
como en tiempo de paz. Surte efectos
retroactivamente, en la medida en que
decide la abolición de la prescripción
establecida por ley o por otros actos
normativos.
Asimismo, en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional (CPI), se
dispone la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra, los crímenes de
lesa humanidad, el genocidio y el
crimen de agresión (art. 29).
Derecho internacional consuetudinario.
Varios factores han contribuido a
destacar la índole consuetudinaria de la
imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y los crímenes de lesa
humanidad.
Por ejemplo:
· La cantidad cada vez más grande de
Estados que han estipulado la
imprescriptibilidad en relación con esos
crímenes en su legislación penal;
· La codificación de este concepto en el
artículo 29 del Estatuto de la CPI, que
sus redactores consideraron crucial
para evitar la impunidad por la
comisión de esos crímenes;
· El número cada vez más elevado de
Estados Partes en las Convenciones
de las Nacionales Unidas y del
Consejo de Europa.
Nullum crimen, nulla poena sine lege.
De conformidad con este principio, que
se suele llamar también principio de la
legalidad, y está plasmado en el
artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, nadie
puede ser condenado por actos u
omisiones que en el momento de
perpetrarse no vulneraran el derecho
penal. Por consiguiente, la existencia
de un crimen particular dependerá, por
una parte, de la existencia de una
legislación en que se defina el acto concreto como delito y se asigne una
pena específica por la comisión de ese
delito; y por otra, de que la legislación
vigente en el momento de su comisión
dispusiera esa pena como una de las
posibles sanciones por ese delito. La
finalidad de este principio es velar por la
especificidad y la previsibilidad de la
legislación a fin de que los individuos
puedan prever de forma razonable las
consecuencias de sus actos. El
Estatuto de la CPI contiene una
disposición específica sobre el principio
de legalidad (art. 22).
El principio de legalidad está asociado
con el principio de no retroactividad, el
principio de tipicidad, y la prohibición de
la analogía. Según el principio de no
retroactividad, la ley que prohíbe cierto
acto debe haber existido antes de que
ocurriera el acto en cuestión. Como tal,
este principio prohíbe la aplicación
retroactiva de la ley. El principio de
tipicidad requiere que la definición del
acto prohibido sea lo suficientemente
precisa, al tiempo que la prohibición de
la analogía exige que la definición sea
interpretada de forma estricta.
Ne bis in idem.
La máxima latina ne bis in idem enuncia
el principio de que nadie será juzgado o
castigado dos veces por el mismo delito.
Es una garantía de equidad para los
imputados puesto que estos pueden
tener la certeza de que la sentencia será
definitiva y los protegerá contra la
arbitrariedad o la posibilidad de ser
enjuiciados de forma dolosa a nivel
nacional o internacional. Además, la
intención de este principio es hacer que
las investigaciones y los enjuiciamientos
sean iniciados y efectuados de forma
escrupulosa.
Cabe señalar que la aplicación concreta
del principio ne bis in idem a nivel
internacional dependerá de la forma en
que esté formulado en los Estatutos de
los tribunales internacionales. Por
ejemplo, en los Estatutos de los
Tribunales Internacionales Penales
para ex Yugoslavia (TPIY) y Ruanda
(TPIR) se dispone que ninguna persona
será sometida a juicio en un Tribunal
nacional por actos respecto de los
cuales ya haya sido juzgada por el
Tribunal Internacional, mientras que, en
algunas circunstancias, alguna persona
que ya haya sido juzgada por un
tribunal nacional podrá ser juzgada por
el tribunal internacional. En el Estatuto
de la CPI, la disposición relativa a la
aplicación del principio ne bis in idem es
un tanto diferente ya que una persona
puede ser procesada a nivel nacional
por una conducta que ya constituyera
una base para una condena por la CPI.
En los Estatutos del TPIY, el TPIR y la CPI se dispone que estos podrán
someter a juicio a una persona por una
conducta que ya fuera objeto de un
proceso a nivel nacional cuando éste
obedeciera al propósito de sustraer a la
persona de su responsabilidad penal a
nivel internacional (Estatuto del TPIY,
art. 10.2.b); Estatuto del TPIR, art. 9.2.b);
Estatuto de la CPI, art. 20.3.a).
Formas de responsabilidad penal.
Responsabilidad penal individual. Según el derecho penal internacional,
se puede considerar a una persona
penalmente responsable no sólo por la
comisión de crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad y genocidio,
sino también por intentar, colaborar,
facilitar o ser cómplice y encubrir la
comisión de esos crímenes. Una
persona también puede ser penalmente
responsable por planificar e incluso por
instigar la comisión de esos crímenes.
Responsabilidad de los superiores. Las violaciones del derecho penal
internacional también pueden ser el
resultado de una omisión de actuar. Las
fuerzas o grupos armados están en
general bajo un mando que es
responsable de la conducta de sus
subordinados. Por consiguiente, para
que el sistema sea eficaz, los superiores
deberían ser considerados responsables
cuando omitan tomar las medidas
oportunas para evitar que sus
subordinados cometan violaciones
graves contra el derecho internacional
humanitario. Por lo tanto deben ser
considerados penalmente responsables
por actividades criminales en las que no
hayan contribuido personalmente.
2.
Inmunidad.
La inmunidad dimana de la idea de la
soberanía estatal. Tradicionalmente, los
representantes estatales gozaban de
inmunidad contra la jurisdicción
extranjera. La finalidad de la inmunidad
es garantizar que los representantes
estatales desempeñen eficazmente sus
funciones oficiales y representen al
Estado en las relaciones internacionales.
Han surgido dos tipos de inmunidad:
· Por una parte, la inmunidad personal,
que protege los actos de las personas
esenciales para la administración de
un Estado, sea en su capacidad
personal sea en su capacidad oficial mientras dure el ejercicio de su
mandato.
· Por otra, la inmunidad funcional, que
se aplica
a los actos oficiales de los
representantes estatales en el
desempeño de sus funciones en
nombre de un Estado, y que se sigue
aplicando respecto de esos actos
después de que esos representantes
hubieran cesado en el ejercicio de sus
funciones.
La inmunidad sirve de impedimento
procesal para la incoación de una acción
judicial contra personas protegidas por
jurisdicciones extranjeras; el Estado del
que el funcionario tiene la nacionalidad
puede, no obstante, levantar la
inmunidad.
Según los Estatutos del TPIY, del TPIR y
de la CPI la inmunidad por razones del
cargo queda excluida en caso de
crímenes internacionales
(Estatuto TPIY,
art. 7.2; Estatuto TPIR, art. 6.2; Estatuto
CPI, art. 27.1). Sólo el Estatuto de la CPI
excluye expresamente la posibilidad de
valerse de la inmunidad personal en el
caso de los crímenes internacionales
(art. 27.2). De hecho, en el Estatuto de la
CPI se llega incluso a exigir a los
Estados que
, respecto de la comisión de
crímenes internacionales, levanten las
inmunidades mediante la promulgación
de legislaciones adecuadas en su
derecho interno (arts. 27
y 88). En la
práctica, el TPIY encausó a dos jefes de
Estado en funciones, a pesar de que la
jurisdicción de la Corte se podía ejercer
solo después de que hubieran dejado
el
cargo. En el artículo 98.1 del Estatuto de
la CPI se hace una salvedad respecto a
la renuncia de la inmunidad de los
Estados que no son Partes en el
Estatuto.
1. Para un examen más detenido de la
jurisdicción universal, véase la ficha técnica
titulada "Jurisdicción universal sobre los
crímenes de guerra".
2. 2 Para más información, véase Ficha
Técnica del Servicio de Asesoramiento
titulada "Omisión y responsabilidad de los
superiores".
Comité Internacional Geneve. (ICRC). 03/2014.
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